Acceso a Internet en el Ecuador

Mucho se ha debatido en las últimas semanas respecto a la gran cantidad de fraudes informáticos denunciados por los clientes del sistema financiero nacional a la Superintendencia de Bancos y a la Fiscalía General del Estado; también son noticia recurrente los asaltos bajo la modalidad de "sacapintas" a los ciudadanos que retiran grandes cantidades de dinero en efectivo de las entidades bancarias.

Todos los partícipes de esta lamentable realidad concuerdan en que muchas vidas pudieron salvarse y la pérdida de los ahorros de años esfuerzo o del capital de trabajo de varias personas se pudo evitar si nuestra sociedad hiciera buen uso de las tecnologías de información y comunicación disponibles. ¿Por qué entonces los ecuatorianos insisten en el uso del efectivo en detrimento de la adopción de medios electrónicos de pago? ¿Qué hacer para enfrentar este problema además del mejoramiento de la seguridad pública?

El usuario común difícilmente utilizará una tecnología que no conoce, no entiende o en la que no confía, y si decide utilizarla sin tener el debido conocimiento de los riesgos a los que está expuesto y cómo enfrentarlos, el perjuicio puede ser enorme; no es de extrañar que, producto de las limitaciones de nuestro sistema educativo, un porcentaje nada despreciable de ecuatorianos aún se resista a usar los cajeros automáticos en la actualidad. Un buen punto de partida para cambiar esta situación es el establecimiento de políticas de estado que promuevan la masificación del acceso a Internet, estableciendo incentivos tributarios para la adquisición equipos, simplificando los trámites para la ampliación e instalación de redes de telecomunicaciones y eliminando la carga impositiva que asume el usuario al contratar servicios de conectividad.

Como país tendremos posibilidades de acortar la gran brecha digital que nos separa de las naciones industrializadas, si nuestros dirigentes asumen este reto y establecen un marco legal que otorgue a estos servicios el mismo tratamiento tributario que reciben el consumo de energía eléctrica y de agua potable, en lugar de considerar la conexión a Internet un "consumo especial". "El agua potable es indispensable para la vida y el acceso a Internet no lo es", dirán algunos; pero otorgarle la oportunidad a cada ciudadano de formar parte integral de la llamada sociedad del conocimiento, es fundamental para lograr el buen vivir que proclama nuestra constitución.

La revolución educativa no tendrá éxito mientras 8 o más de cada 10 ecuatorianos no cuenten con una conexión de banda ancha en su hogar y los pocos privilegiados que por su condición socio-económica o su ubicación geográfica pueden acceder a ella, no tengan más opción que firmar contratos con los proveedores del servicio de Internet aceptando niveles de compartición de 8 a 1 respecto al ancho de banda contratado (permitido por las regulaciones vigentes), pagando tarifas considerablemente más altas en relación con la mayoría de países del continente.

En este tema, gobierno y asamblea aún nos quedan debiendo. El país ya no puede seguir esperando si es que uno de nuestros objetivos como nación es elevar el nivel educativo de los ecuatorianos y la construcción de una sociedad culta, bien informada y que contribuya con ciencia y tecnología al aprovechamiento de nuestras capacidades y recursos naturales.