Opinión: Odio al dinero

Por Juan Fernando Salazar

Es inaudita la campaña del Gobierno contra la Asociación de Bancos, otro club de pelucones pero también, y sobre todo, el conjunto de custodios de la confianza del público medida en dólares y centavos, de fiduciarios de los dineros de todos los ciudadanos reales de la patria histórica -y no de los muñecos manipulables de la patria retórica- que, después del congelamiento de depósitos de 1999, están listos para poner en su sitio a quienes osaran reeditarlo.

La seguridad de los hogares ecuatorianos parecería molestar a quien ya tiene a buen recaudo a su familia y está listo a instalarse cerca de la Disneylandia francesa, si es que la asamblea constituyente decide disponer del encargo ejecutivo otorgado con la creencia de que nadie podría ser peor que Alvaro Noboa.

A la gente sin doble nacionalidad no le molesta el dinero y más requiere de él mientras menos tiene. Es lo que ignoran los revolucionarios de cafetín que por su odio a los ricos ponen en riesgo el despegue de la clase media y perpetúan la pobreza de los pobres mientras dilapidan fondos públicos en desquites intelectuales con sus propias carencias.

El Gobierno no tiene mandato alguno para ensañarse contra el sector financiero como si éste fuera el enemigo declarado de todos los ecuatorianos. El sector financiero es indispensable para captar ahorro de quienes tienen excedentes y para fomentar la inversión de quienes han decidido producir. Si tiene algo contra un banco concreto, demándelo ante los tribunales pero no podemos volver al trueque o al ‘colchonbank’. De haber manejos raros como se sugiere en los comerciales oficiales, sáquense a la luz los videos respectivos.

Se está buscando ofuscar al público con un culebrón de justicia financiera mediante una ley tendenciosa que no puede ocultar el sesgo confiscatorio de sus mentores. Se odia a la banca, ‘cuyo mal se desea’, pero no se explicita con qué se propone reemplazarla. No hay gas en el liderazgo del Gobierno: la revolución ciudadana es enemiga por antonomasia de las dictaduras involucionadas. Los alardes justicieros pierden toda convocatoria cuando se sustentan en el abuso de la fuerza para refundar una realidad peor a la que se dice combatir.

Con la chequera abierta del erario público cualquiera puede promocionarse como Robin Hood, pero los mensajes tienen límites y la sabiduría popular exigirá rendiciones de cuentas psicológicas y monetarias ante tanto aspaviento y prestidigitación.

La banca que cerró sus puertas y que endosó al Estado su ineficiencia y corrupción ya no atiende al público desde 1999. Un exabrupto justiciero pretende revivir los problemas puntuales de la banca que escapó a Miami y endosárselos perversamente a la banca actual.

En ninguna cadena nacional el Gobierno ha confesado sus deberes incumplidos respecto a los banqueros prófugos: ha tenido que ser la Embajadora de Estados Unidos quien ha puesto los puntos sobre las íes. Los bancos que causaron la crisis fueron aquellos que la causaron, los bancos del pasado -es así de simple- como no fue ciertamente Isidro Ayora quien insultó a una periodista por no ser flaca y antes censuró a las flacas en las portadas de Vistazo.

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